El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha dado un paso significativo hacia la modernización y transparencia del sector público al oficializar la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública.
Esta medida del Gobierno, anunciada a través del Decreto 959/24 y publicada en el Boletín Oficial, busca eliminar una práctica que ha sido criticada por muchos como injusta y contraria a los principios de igualdad y mérito.
La decisión de prohibir los cargos hereditarios fue impulsada por el presidente Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni y Sturzenegger explicaron que la medida tiene como objetivo principal asegurar que el acceso a los empleos públicos se base únicamente en la idoneidad y no en vínculos hereditarios.
«No se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación», señala el decreto.
La prohibición de los cargos hereditarios implica que los familiares y cónyuges de empleados estatales fallecidos ya no podrán ocupar sus puestos de trabajo en reemplazo. Esta práctica, que permitía a los familiares de empleados fallecidos o jubilados acceder a sus cargos, ha sido vista como un privilegio ilógico que colocaba a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de Argentina.
«Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad», afirmó Sturzenegger.
Normas
El decreto también establece que la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan esta prebenda. Además, se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normas de igual naturaleza para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los empleos públicos en todo el país.
La medida del Gobierno forma parte de una estrategia más amplia de racionalización del tamaño del Estado, que ya ha logrado el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro. «La intención es profundizar la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro», explicó Sturzenegger.
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