La disputa entre las universidades y el gobierno de Javier Milei ha alcanzado un nuevo nivel de tensión con la reciente decisión de la Justicia de pedir explicaciones al presidente sobre las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick, ha dado al Gobierno Nacional un plazo de cinco días para que informe los motivos por los cuales la SIGEN debe auditar a la UBA. La medida del juez Cormick es una respuesta a la presentación de la UBA, que busca determinar cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales y ha solicitado una medida cautelar para que la SIGEN no intervenga hasta que se defina su competencia como organismo de control.
La UBA argumenta que la SIGEN, que depende directamente del Presidente, solo tiene funciones de control interno del Poder Ejecutivo y no tiene competencia para auditar a las universidades, que son autónomas. Según la UBA, esta tarea debería corresponder a la Auditoría General de la Nación (AGN).
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, ha sido claro en su postura: «De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones.
Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida».
La UBA presentó una «acción declarativa de certeza» para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que, mientras se resuelve, se dicte una medida cautelar que lo impida. En su demanda, la UBA argumenta que la intervención de la SIGEN es inconstitucional y atenta contra la autonomía universitaria. La universidad sostiene que solo la AGN debería llevar a cabo tal inspección.
Transparencia
El presidente Javier Milei ha intensificado públicamente sus críticas hacia la UBA, alegando una falta de transparencia en la gestión financiera de la universidad. Milei ha declarado que «se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para ocultar sus curros» y ha asegurado que «los chorros no van a tener paz en Argentina».
Estas declaraciones han generado un clima de tensión y desconfianza entre el gobierno y las universidades. La decisión de judicializar la auditoría de la SIGEN ha sido acompañada no solo por los gremios docentes y no docentes, sino también por los estudiantes de la UBA.
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