Hoy se cumplen 23 años del brutal asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros de 22 y 21 años, respectivamente, asesinados en Puente Pueyrredón por balas de la Policía Bonaerense durante una masiva protesta social.
El operativo represivo: un crimen de Estado
Las fuerzas de seguridad —Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería y Prefectura, con apoyo de la SIDE— actuaron bajo orden política del gobierno de Eduardo Duhalde y Felipe Solá, con el objetivo de frenar el creciente movimiento piquetero y enviar una señal de “mano dura”.
El resultado fue contundente: balas asesinas contra dos jóvenes que reclamaban en la calle, que terminaron agonizando en plena estación de tren. La masacre desató una multitudinaria protesta que aceleró la convocatoria a elecciones. Sin embargo, los responsables políticos aún siguen impunes.
Desde aquella primera vigilia en 2002, cada 26 de junio se renueva la memoria en Puente Pueyrredón. Este año, las organizaciones sociales convocan a una jornada de lucha que incluye actividades culturales, charlas y el corte del puente, reafirmando que “Darío y Maxi están presentes” en cada lucha contra el ajuste, la represión y el hambre.
La memoria exige justicia, no solo recuerdo
La memoria de Avellaneda exige más que un homenaje: llama a continuar la lucha por justicia. Si bien los autores materiales fueron condenados, la responsabilidad política —de Duhalde, Solá, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasof, Jorge Vanossi, Jorge Álvarez, entre otros— sigue sin juicio ni castigo.
El colectivo de lucha reclama cárcel común, sin beneficios ni salidas anticipadas, para los responsables materiales, y juicio político para los verdaderos ideólogos de la represión.
De 2002 a 2025: continuidad del plan represivo
La masacre fue la expresión de un plan político de disciplinamiento social. Con 33 personas heridas, represores sueltos y una señal clara: no habría tolerancia para quienes se atrevieran a exigir pan y trabajo.
Hoy, bajo el gobierno de Milei, ese plan se profundiza: represión sistemática, judicialización del movimiento piquetero, descuentos salariales y criminalización de la protesta. Pero también resurge la organización desde abajo como única respuesta posible frente al ajuste.
Su memoria, una llama encendida en la resistencia
La memoria de Darío y Maxi es fuego vivo. Su ejemplo marca el camino de la organización, la solidaridad y la rebeldía frente al ajuste. La protesta social no cede: en lo que va del año hubo movilizaciones en 17 provincias, jornadas unificadas de lucha y decenas de detenidos por luchar.
A 23 años, la movilización popular enfrenta un nuevo escenario de empobrecimiento, precarización y ataque a los derechos conquistados. Frente a eso, se impone una consigna urgente y vigente: “Juicio y castigo a los responsables políticos. Justicia por Darío y Maxi”.