El expresidente Alberto Fernández llegó este viernes 4 de julio al mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la Causa Seguros. Ante el juez federal Sebastián Casanello, el exmandatario rechazó haber tenido injerencia directa en la elección de brokers o empresas aseguradoras, y afirmó que se trató de una política pública implementada de forma legal para optimizar la cobertura de organismos estatales.
Durante casi dos horas, Fernández respondió preguntas del magistrado, del fiscal interviniente y de su defensa. Según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, el ex jefe de Estado también solicitó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, pidió que se cite como testigos a exfuncionarios de su gobierno como Vilma Ibarra, Miguel Pesce, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, con el objetivo de reforzar su descargo.
El expresidente ya había sido indagado en esta misma causa en noviembre de 2023, pero en aquella ocasión, bajo la instrucción del juez Julián Ercolini, se negó a responder preguntas. Esta vez, ante Casanello, optó por brindar una exposición detallada sobre el funcionamiento de la industria del seguro en el Estado, su vínculo con el broker Héctor Martínez Sosa (uno de los principales acusados) y el alcance del decreto que habilitó la intermediación en las pólizas estatales.
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Fernández explicó que Martínez Sosa “ha sido contratado por el Estado por muchos años, de forma previa a mi gestión presidencial”. Y agregó: “Cuando fui Superintendente [de Seguros], él era el broker más grande de Argentina, y hoy también debe serlo. Es una empresa fundada por su padre, con más de 50 años, que intervino en contrataciones estatales con gobiernos de distinto signo político”.
El exmandatario insistió en que, como presidente, no tenía participación directa en las decisiones de contratación de los organismos públicos. “Era imposible conocer si desde Nación Seguros o cualquier otro ente estatal se consideraba útil contratar a Martínez Sosa o a cualquier proveedor. Cada organismo se mueve con autonomía en la toma de decisiones según la Ley de Administración Financiera”, subrayó.
También apuntó que su rol estuvo limitado a la firma de un decreto que, según argumentó, tuvo como objetivo “fortalecer una política pública” en el ámbito de los seguros, sin intervenir en la selección de empresas específicas. En esa línea, negó haber favorecido a algún actor del sector y remarcó la distancia funcional entre la Presidencia y las gerencias administrativas de cada dependencia estatal.
Mientras tanto, el juez Casanello deberá resolver no solo la situación procesal de Fernández, sino también la de otros 37 imputados en la causa. La Cámara Federal porteña resolvió esta semana anular la inhibición general de bienes que pesaba sobre todos ellos, al considerar que ya pasaron más de cinco meses desde que finalizaron las indagatorias (la última en febrero) y que no existe razón de urgencia para mantener esa medida patrimonial restrictiva.
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Un juicio plagado de idas y vueltas
El exmandatario había pedido presentarse ante el juez Casanello, por lo que fue citado para este viernes a la sede judicial de Retiro. Casanello había reimplantado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y otro medio centenar de personas físicas y jurídicas, en el marco de la investigación del caso Seguros.
El magistrado asumió la subrogancia del Juzgado Federal N.° 11, donde se lleva el caso y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y el resto de los acusados, que ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).
En la decisión en la que se dispuso volver a inhibir bienes, el juez entendió que hay estado de sospecha suficiente, ya que fueron indagados al disponer la medida sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados. La medida abarcó a Fernández, al broker investigado como beneficiario de las maniobras, Martínez Sosa, y a la esposa de éste y exsecretaria privada del exmandatario, María Cantero, entre otros.
FF / Gi / TC