El 14 de octubre de 2010, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley votada por el Congreso que establecía que las jubilaciones mínimas debían aumentar para alcanzar el 82% del salario mínimo vital y móvil.
La norma, que había sido aprobada por ambas cámaras, incluía el histórico voto desempate de Julio Cobos, y apuntaba a corregir una deuda crónica con los jubilados argentinos, que por entonces cobraban apenas el 36% del salario promedio.
Pese al respaldo legislativo, Cristina tachó la medida de “estafa para los jubilados” y aseguró que era “una ley de quiebra” para el Estado.
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A 15 años de aquella decisión, el presidente Javier Milei repite una acción casi idéntica: vetará el proyecto kirchnerista aprobado por el Senado que propone un aumento de los haberes previsionales sin el financiamiento correspondiente.
Esta ley pone en riesgo el superávit fiscal, algo fundamental para estabilizar la economía argentina y generar crecimiento sostenido. Lo que en aquel entonces fue defendido a capa y espada por el kirchnerismo como un acto de responsabilidad institucional, hoy es criticado con ferocidad cuando proviene de un gobierno no peronista.
No obstante, a pesar de coincidir con el veto, el motivo de la decisión es diferente. Mientras que el Gobierno de Milei lo hace para proteger la economía y mantener el superávit, Cristina Kirchner lo hizo porque quería utilizar el dinero para la campaña electoral kirchnerista.
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Este doble estándar pone de relieve una de las grandes hipocresías políticas de los sectores afines al kirchnerismo. La misma Cristina que hace más de una década justificaba el veto con frases como “cuanto más me pegan, más fuerza me dan” y aseguraba que no le temía al costo político, hoy busca quebrar al Estado con leyes inviables.
En 2010, el gobierno kirchnerista estimaba que aplicar la ley jubilatoria implicaría un costo del 6% de la recaudación del año siguiente. En 2025, el equipo económico de Milei advierte que la medida impulsada por el Congreso atenta directamente contra el superávit fiscal logrado tras un fuerte ajuste del gasto.
Más aún, los Kirchner también tienen antecedentes menos comentados en materia de recortes previsionales: en 1992, apenas asumido como gobernador, Néstor Kirchner redujo por decreto un 15% los salarios y jubilaciones provinciales en Santa Cruz. Una muestra de pragmatismo que el actual kirchnerismo parece haber olvidado selectivamente.
Hoy, muchos de los que aplaudieron el veto de Cristina en 2010 acusan a Milei de insensibilidad y ajuste salvaje. La política argentina, una vez más, parece más preocupada por la autoría de las decisiones que por su contenido real.