Un funcionario del Municipio de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, fue denunciado por violencia de género y apartado de su cargo. La denuncia derivó en una investigación penal y en un pedido de captura por parte de la Policía de Neuquén. Posteriormente, el hombre se presentó de forma voluntaria ante las autoridades y fue notificado de las medidas judiciales que deberá cumplir.
Identidad del funcionario y avance judicial
Se trata de Carlos Humberto Fuentes, quien hasta el momento de la denuncia se desempeñaba como secretario de Gobierno, Turismo y Patrimonio del municipio. Según informó el Diario de Río Negro, Fuentes enfrenta una causa penal por “lesiones leves agravadas” y fue notificado oficialmente por la Fiscalía.
La fiscal del caso, Rocío Rivero, lo instó a designar abogado defensor. Fuentes se presentó espontáneamente durante el fin de semana y, tras su notificación, quedó sujeto a medidas cautelares mientras avanza el proceso penal.
Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria
Ciudad de Rincón de los Sauces.
YouTube
Medidas cautelares y restricción de contacto
En el ámbito de la causa penal y de familia, un juzgado dispuso restricciones estrictas para proteger a la presunta víctima. Entre las medidas, se estableció la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, el impedimento de realizar cualquier tipo de acto intimidatorio y la prohibición de acceder al domicilio familiar.
Estas acciones buscan resguardar la integridad y seguridad de la denunciante, mientras se sustancia la investigación judicial. Aún resta que se convoque a la audiencia de formulación de cargos, lo cual ocurrirá tras la conclusión de diligencias procesales pendientes.
Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile
La decisión administrativa del municipio
Desde la Municipalidad de Rincón de los Sauces se confirmó la revocación del nombramiento de Fuentes, aclarando que se trata de una medida administrativa preventiva, sin prejuzgar los hechos denunciados. El objetivo, según el comunicado oficial, es preservar el funcionamiento institucional y garantizar que el proceso judicial se desarrolle sin interferencias.
La gestión local enfatizó que la Justicia será quien determine las responsabilidades y que el apartamiento del cargo responde a la necesidad de sostener la transparencia y confianza en la administración pública, en línea con los protocolos que se aplican en estos casos.