Con movimiento casi imperceptible en el plano judicial, las acusaciones de supuesto complot de los policías bonaerenses que tendrían vínculos con un candidato libertario avanzan en sede administrativa: la dirección de Asuntos Internos (AI) tendría elementos para involucrar a más funcionarios uniformados en la presunta maniobra.
Sin embargo, la defensa de los policías desplazados adelantó que los oficiales se presentarán a la “declaración indagatoria administrativa”, para la que fueron citados a partir del 4 de agosto. “No tienen nada que ocultar. Van a aclarar toda la situación y vamos a pedir que los reincorporen”, dijo a Clarín el abogado Fabían Vizcaíno González, representante de todos los funcionarios policiales desplazados.
El contrapunto es alto. La instrucción interna sostiene que tendría “cada vez más elementos que comprometen” a los jefes de la división de la Policía Ecológica, donde revistaban los 24 oficiales que fueron separados de la fuerza de manera preventiva luego de una denuncia anónima que recibieron las autoridades. Y que esos indicios llevarían a más implicados.
En el fuero penal también repercutió el caso: el ministerio de Seguridad provincial denunció el presunto complot e identificó a sus responsables. Y desde la misma dependencia a nivel Nacional, Patricia Bullrich, llevó una acusación de “persecución política” en la que apunta contra el gobernador Axel Kicillof.
El nudo de la controversia es político. Todo estalló después que se conoció que Maximiliano Bondarenko, ex comisario mayor de la Bonaerense y actual concejal libertario por Florencio Varela fuera designado para encabezar la lista de diputados provinciales por la Tercera Sección. La más importante por peso específico para el peronismo provincial. Allí competirá contra Verónica Magario (por Fuerza Patria) y contra Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires).
El oficialismo se juega en esa jurisdicción (integrada por 19 distritos del sur y el oeste del conurbano) su capital simbólico. Era la sección que eligió Cristina Fernández para volver a la competencia electoral después del fracaso del gobierno que compartió con Alberto Fernández y antes de ser condenada -y vedada para integrar listas- por la causa Vialidad
No obstante, el avance es parsimonioso en los despachos judiciales. Kicillof los denunció por “conspiración” y por filtrar información sensible al candidato de LLA-Pro. Ingresó en la fiscalía en turno, a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta, quien iniciaba en ese momento (hace una semana) su licencia. Entonces pasó al fiscal subrogante, Alvaro Garganta.
Bullrich llevó su planteo ante la Fiscalía General. Según informaron fuentes de Tribunales a este diario, por decisión del ministerio Público, ambas presentaciones se “unificaron” en la oficina de Garganta.
El fuero penal platense está en modo descanso. Faltan fiscales e instructores. Y estas causas “no requieren medidas urgentes”. Por lo tanto, hasta después de la feria no habría novedades o medidas concretas para avanzar en la instrucción.
Los auditores policiales, sin embargo, siguen recibiendo elementos, confirmaron en el ministerio de Seguridad. “Los oficiales de menor rango intentan desligarse y cargan la responsabilidad en los jefes. Nos trajeron muchos datos que confirman las presunciones”, explicaron en la sede ministerial.
El caso se instruye en la auditoría Nro 5, especializada en Transparencia Institucional y Patrimonial, a cargo de la abogada Rosario Barberis. El instructor es Blas Cereza y quien firmó la medida cautelar que dejó fuera de sus funciones a los jefes es el Auditor General, Ricardo Diaz.
El expediente que derivó en la sanción involucró a toda la ex cúpula de la Policía Ecológica (dirección de Prevención Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas). Incluyó la documentación secuestrada en las oficinas de la sede situada en 20 entre 37 y 38, de La Plata. También el contenido de las PC desde las que los supuestos colaboradores del candidato acercaban e intercambiaban información.
El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y Kicillof mencionaron una posible “conspiración”. En el fuero penal no tienen -por ahora- elementos para sostener esa posible imputación. “Hay que analizar con detalle constados constitucionales, relacionados con el derecho a participar en política. Es un margen muy estrecho el que queda ahí”.
Según la sanción de AI, la conducción de la repartición policial y otros 16 integrantes de la “Ecológica” fueron cesanteados por haber “obtenido y facilitado información propia de su actividad policial a personas ajenas a la institución para ser utilizados con fines políticos partidarios”. Eso, “es una falta grave”, según el ministro Alonso.
Por esta decisión les retiraron el uniforme, la placa, el arma y cobran 50% de su sueldo. El relevo preventivo es por cuatro meses. “Pero vamos a pedir que luego de la declaración se revierta y vuelvan a sus funciones. AI se apresuró en la medida”, dijo el abogado Vizcaino González.
Entre los desplazados figuran el comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela, su segundo, el comisario inspector Gustavo Herrera, otros tres comisarios inspectores a cargo de direcciones de línea y tres comisarios con función jerárquica.
Además, fueron dados de baja de manera provisoria y hasta que avance la investigación, 16 oficiales responsables de despachos y delegaciones de Tres de Febrero, Avellaneda, San Nicolás, La Plata y Tandil. La dirección está “intervenida” ahora por la Superintendencia de Siniestralidad de la bonaerense.
Pero en Seguridad sospechan que podría haber más sanciones. “Estamos tirando hilos que nos llevarían a otras dependencias de la Ecológica donde trabajan para Bondarenko”, insistieron.
Bullrich convalidó la versión del candidato libertario. Sostuvo que Bondarenko y Ortiz Valenzuela son “compadres”. Y que compartieron un asado antes de la nominación en la Tercera Sección. Una serie de chats en un grupo de whatsapp ratifica que los policías se contactaban con el candidato, en una oportunidad en que fue a visitar a la ministra.
Eso, según Bullrich sería “espionaje ilegal”. Pero, las conversaciones las aportó el denunciante, dicen en la Provincia. El defensor de los policías adelantó que “atacarán esta prueba porque es ilegal”.