El trabajo en Uruguay atraviesa una etapa crítica. Sin embargo, el gobierno frenteamplista, lejos de contribuir a revertir esta realidad, toma medidas que profundizan la crisis.
Este martes 12 de agosto, bajo la careta de “el pueblo primero”, los sindicatos secuestrarán el país con su clásico mecanismo extorsivo: paro general parcial. Cierran ministerios, hospitales, escuelas y servicios básicos, exigiendo más plata del Estado y afectando a quienes intentan impulsar el crecimiento del país.
Pero como si esto fuera poco, el Parlamento aprobó recientemente el proyecto de ley “Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación”, una reedición de los Jornales Solidarios que incrementa la remuneración y apuesta por empleos temporales financiados con más fondos públicos.
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Parálisis y gasto público: la alianza que frena a Uruguay
La combinación de paros sindicales que paralizan la economía y leyes que aumentan el gasto público sin atacar las causas del desempleo es un cóctel peligroso para el futuro del país.
Por un lado, los monopolios laborales imponen salarios desconectados de la realidad económica nacional, generando desempleo e inflación. Su negocio es la extorsión, ahora reforzada por un aliado histórico que los sostiene desde el gobierno.
| Redacción
El Frente Amplio, en sus Bases Programáticas, sostiene que la sindicalización es un «derecho humano fundamental», promoviendo su participación activa en la Estrategia Nacional de Desarrollo y alentando su coordinación con el Estado, empresas públicas y academia.
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¿Uruguay Impulsa? A este escenario de parálisis económica provocado por la mafia sindical, se suma la aprobación del programa “Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación”.
Se crearán 5.500 puestos temporales, de hasta cuatro meses, con un pago de $19.700 nominales, cobertura médica de ASSE y reconocimiento jubilatorio. Una evolución del Programa Oportunidad Laboral que funcionó entre 2021 y 2024 como respuesta a la pandemia.
Coordinado por ministerios, OPP e INEFOP, este plan implica más gasto público y no soluciones reales.
La intervención directa del Estado en empleos temporales obliga a los contribuyentes a financiar puestos que no son creados por el sector privado, distorsionando el mercado laboral y desincentivando la inversión y expansión empresarial.
| Redacción
La carga impositiva necesaria para financiar estas iniciativas aumenta los costos, estanca el mercado laboral y reduce las oportunidades genuinas.
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El camino equivocado: dependencia y desincentivos
Para fomentar el empleo hay que desregular el mercado laboral y reducir la presión fiscal. Al aliviar la carga impositiva y burocrática se promueve la inversión privada, la innovación y la creación espontánea de empleo, que es la verdadera fuente de desarrollo económico.
La redistribución forzada de recursos mediante programas como Uruguay Impulsa genera dependencia en lugar de autonomía, fomentando la cultura de la subvención y no el esfuerzo personal.
Este modelo equivocado perpetúa el desempleo y profundiza los desequilibrios de un Estado paternalista que absorbe recursos de quienes trabajan.
En definitiva, es necesario cambiar el rumbo hacia políticas que promuevan la libertad económica, la inversión privada y la generación real de empleo, dejando atrás soluciones temporales que solo agravan los problemas del país.