La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa un escenario de cuestionamientos políticos, judiciales y sociales. Pese a la suspensión de más de 110 mil pensiones y a los recortes en prestaciones, el organismo incrementó de manera significativa sus gastos. En 2024, su presupuesto subió un 176%, superando incluso a la inflación acumulada del período, y en los últimos ocho meses recibió refuerzos por más de un billón de pesos.
El vocero presidencial Manuel Adorni precisó que, hasta comienzos de este mes, se suspendieron 110.522 pensiones que habrían sido otorgadas de manera irregular en administraciones anteriores. También se dieron de baja 8.107 beneficios correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 por renuncias voluntarias. Según el Gobierno, esto generó un ahorro mensual estimado en 35.000 millones de pesos.
Sin embargo, los informes oficiales muestran que el gasto de la ANDIS no se redujo. Por el contrario, el presupuesto total ascendió a 4,83 billones de pesos anuales, consolidando a la agencia como el organismo descentralizado con la caja más abultada del Estado. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) indicó que, en el primer semestre de 2025, el gasto en pensiones creció un 5,2% interanual, pese a que la cantidad de beneficiarios se redujo un 3,7%.
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Escándalo judicial y audios filtrados
La situación de la ANDIS se volvió más compleja tras la difusión de audios atribuidos a su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se habla de un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos. En esas grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
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La Justicia ordenó allanamientos tanto en la agencia como en la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos de alto costo, cuyos contratos con el Estado crecieron exponencialmente el año pasado. El caso continúa bajo investigación.
En paralelo, las personas con discapacidad enfrentan una situación crítica por el congelamiento de prestaciones y bonos. La pensión por invalidez laboral equivale al 70% de la jubilación mínima, hoy en 200.074 pesos, más un bono fijo de 70.000 pesos que permanece inalterado desde marzo de 2024. En términos reales, los ingresos perdieron frente a la inflación.
Algo similar ocurre con los aranceles que cubren las prestaciones de discapacidad. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2024 tuvieron una suba del 60%, por debajo de la inflación, y en 2025 directamente no se registró ningún aumento.
Críticas al proceso de auditorías y la respuesta oficial
Organizaciones como ACIJ cuestionan la manera en que se llevan adelante las auditorías de pensiones, realizadas en convenio con el PAMI. El acuerdo prevé una revisión de más de un millón de beneficios en un plazo de 24 meses.
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Según ACIJ, el mecanismo “resulta inadecuado para cumplir con la finalidad declarada”. La ONG denunció que las citaciones se realizaron únicamente por carta documento, y que casi la mitad de ellas no llegaron a destino. Además, muchos beneficiarios fueron convocados a cientos de kilómetros de su lugar de residencia. “Si estas personas no pudieron participar en el proceso de control, difícilmente puede afirmarse que sus pensiones estaban mal otorgadas”, advirtió la organización, que además documentó casos de suspensiones sin notificación previa.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que las auditorías constituyan un ajuste automático o masivo. En su informe al Congreso, aseguró que el objetivo es “garantizar que las pensiones lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley”. Francos subrayó que, desde 2003, la cantidad de beneficios aumentó un 1418% y que el rediseño del sistema busca priorizar a las personas más vulnerables, aquellas sin ingresos, cobertura previsional ni posibilidad de insertarse en el mercado laboral.
DCQ