Tras una extensa audiencia, la jueza de garantías, Eva Parcio de Seleme, resolvió otorgar prisión domiciliaria por tres meses a los cuatro imputados en una causa por narcotráfico en Comodoro Rivadavia, luego de que la Fiscalía Federal expusiera los hallazgos de los allanamientos. Las defensas no cuestionaron la legalidad de la detención pero sí la calificación primaria.
Parcio rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y en su lugar dispuso una prisión domiciliaria estricta por tres meses hasta el 11 de diciembre bajo la condición de fijar domicilio y contar con un responsable garante.
“Son cuatro personas que tienen arraigo, desarrollan su vida cotidiana en la ciudad, no tienen antecedentes y no advierto que haya, por los elementos acompañados al proceso, motivos para sospechar que van a intentar fugarse”, fundamentó.
Además, subrayó que la calificación actual es “absolutamente provisoria” y que en esta etapa “no corresponde evaluar qué tipo de rol tuvo cada uno, si hubo un autor duro o un partícipe secundario; son cuestiones que deberán determinarse más adelante”.
Resolvió transformar la prisión iniciada el 11 de septiembre en “prisión domiciliaria estricta” con el control de la Oficina de Medidas.
LA INVESTIGACION RECIEN EMPIEZA
Parcio resaltó el carácter de “incipiente” de la investigación tras considerar la legalidad de las cuatro detenciones mientras que la Fiscalía, a cargo de Teodoro Nünberg y Andrea Whitty, plantearon que el caso estaba contemplado en la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo en sus domicilios y en algunas oportunidades, en la modalidad delivery a bordo de un Vento y un Toyota Corolla.
La causa se inició el 5 de mayo a raíz de una denuncia anónima. Una persona -que se encuentra prófuga- se dedicaba a la venta de sustancias en la calle Ramón Castillo, en el barrio Stella Maris. La Unidad Fiscal ordenó tareas de campo que resultaron positivas, observándose los movimientos típicos de la venta de estupefacientes. Las personas detenidas mantenían diferentes niveles de contacto entre sí.
Un involucrado fue interceptado por la fuerza policial en un Toyota Corolla portando 1,6 gramos de cocaína. En su vivienda de la calle Fernando Montellano del barrio LU4 se halló una balanza de precisión sin batería y recortes de nylon. Se le atribuye haber intentado huir y en esa maniobra, haber provocado daños en dos vehículos, una circunstancia que el imputado –durlero de profesión y con dos causas pendientes de juicio- negó.
Llegó a realizar 71 transferencias desde una billetera virtual a quien se encuentra prófugo por un total superior a los 7.554.000 pesos y otras 16 de ellas a otro de los detenidos por 1.164.000, además de 21 transferencias a parte de los involucrados que iban entre los 15 y los 40 mil pesos. La venta de sustancias la efectuaba en su domicilio, utilizando distintos vehículos y de a pie en viviendas cercanas.
El trabajo de la División Drogas permitió descubrir “con alto grado de certeza” que las personas acusadas realizaban una actividad compatible con la venta de estupefacientes.
Se hallaron 20 kilos de cocaína; armas, municiones, balanzas de precisión; más de un millón de pesos y dólares americanos. Respecto a dos de los detenidos, se indicó que uno residía en el mismo inquilinato y fue observado manejando el vehículo del prófugo en cuya vivienda se secuestraron 20 kilos de cocaína, armas y municiones y al restante se le encontraron once envoltorios fraccionados en su billetera.
LA CALIFICACION LEGAL
La calificación legal pretendida es la de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. Entre las pruebas incluyeron registros fílmicos obtenidos en las tareas de campo; informes de Mercado Pago y actas de allanamientos y requisas vehiculares y actas de secuestros con los tests realizados a esta sustancia con resultado positivo.
Incluyeron informes socio ambientales que dan cuenta de que los detenidos no cuentan con un trabajo formal y en la mayoría de los casos “viven con sus padres” o en hoteles por día.
“Por todo lo expuesto entendemos que las detenciones de los nombrados son absolutamente legales”, dijo el fiscal, y advirtió que “existen vínculos entre las cuatro personas que pueden hallarse en seguimientos, interceptaciones y en el hallazgo de elementos que conectan los domicilios y los vehículos”.
La investigación se formalizó por un plazo de seis meses, con vencimiento el 12 de marzo de 2026, período en el que se analizarán los teléfonos celulares secuestrados (con las pantallas dañadas como denominador común) y otras pruebas pendientes. “Esto es a fin de extraer información y contenido relativo a llamadas o mensajes de texto, audios o videos; contactos o imágenes que sean imputados a la actividad ilegal.
“Solicitamos también el levantamiento del secreto bancario afectos de solicitar información a distintas entidades financieras, en su mayoría virtuales”, una medida que comprenderá desde el 1º de marzo de 2025 hasta el día de los allanamientos.
Fuente: Jornada