El concejal Omar Lattanzio (del unibloque Pich) planteó la necesidad de revisar la normativa vigente sobre radios de seguridad en torno a los pozos petroleros del ejido urbano, al señalar que miles de familias ven afectado su acceso a servicios básicos como el gas domiciliario, debido a una disposición que se remonta a 1933.
“Ese decreto estableció un radio de seguridad de 60 metros entre los pozos y las viviendas, en base a la altura de las antiguas torres de perforación. Pero hoy tenemos manzanas completas construidas sobre áreas donde hace 40, 50 o 60 años había pozos que nunca fueron sellados. Eso impide que Camuzzi pueda instalar cañerías de gas”, explicó el edil en diálogo con Actualidad 2.0.
UN PROBLEMA QUE ALCANZA MILES DE POZOS
El tema se suma al relevamiento en curso por parte de la Subsecretaría de Ambiente, que ya identificó unos 800 pozos inactivos, de los 1.700 que permanecen sin abandonar y en carácter de ‘inactivos’. A esto se suman 3.700 pozos abandonados (en su mayoría, con técnicas antiguas, previas a la resolución aprobada en 1996 con exigencias de mayor seguridad) y otros en actividad, para alcanzar alrededor de 6.000 perforaciones. Un número importante se encuentra inactivo y sin sellar, incluso con viviendas levantadas encima.
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Foto: ilustrativa Municipalidad CR
El domingo pasado, ADNSUR publicó un informe especial donde se planteó la pregunta de fondo: “¿Es posible remediar el pasivo ambiental dejado por el petróleo en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia?”. El Ejecutivo municipal trabaja en un proyecto de ordenanza para dar respuesta a esa situación, que representa uno de los mayores desafíos ambientales y urbanos de la ciudad.
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Foto: ilustrativa Municipalidad CR
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BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Lattanzio anticipó que mantendrá una reunión con el Ministerio de Hidrocarburos para analizar alternativas técnicas. “La idea es ver si podemos reducir ese radio de seguridad a partir de estudios específicos de geólogos o especialistas. En los últimos años hubo muy pocos episodios de afloramientos, como en Stella Maris y en Palazzo, lo que muestra que no se han hecho estudios actualizados para determinar qué riesgos reales existen. Pero mientras tanto, hay familias que llevan décadas sin gas”, advirtió.
El concejal aseguró que ya pidió a Catastro planos con la ubicación de pozos en distintos barrios. “En solo dos planos aparecen nueve sectores donde hay radios de seguridad que afectan a viviendas ya construidas. Y este es apenas un muestreo”, precisó.
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Foto: Concejo Deliberante
Según Lattanzio, parte del problema radica en que muchos pozos antiguos fueron abandonados sin el sellado correspondiente, pese a que la legislación nacional de 1996 estableció la obligación de aplicar técnicas específicas para clausurarlos. “Incluso hay empresas que no brindan información sobre los pozos que tenían bajo concesión. Mientras tanto, los vecinos son los principales perjudicados”, cuestionó.
La discusión sobre los pasivos ambientales y la seguridad en torno a los pozos petroleros se entrelaza así con la planificación urbana y el acceso a servicios básicos, en una ciudad que no solo “convive con”, sino que “creció sobre” un campamento petrolero.