La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó su informe final, que incluye una serie de 20 recomendaciones destinadas a fortalecer el sistema sanitario y prevenir incidentes vinculados a narcóticos adulterados.
La reunión estuvo encabezada por la presidenta de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidente Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza). Las legisladoras expusieron el documento final, que contiene 1537 fojas.
Durante la presentación, Fein explicó que las propuestas fueron elaboradas en función de lo detectado en el proceso de investigación, con el objetivo de generar herramientas que permitan reducir riesgos y mejorar la supervisión estatal. Según detalló, las medidas apuntan a la cadena completa de producción, control, distribución y uso de medicamentos críticos.
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Entre las sugerencias más relevantes se encuentra la de establecer criterios de idoneidad y antecedentes para quienes sean titulares o responsables técnicos de laboratorios dedicados a la elaboración de derivados opioides, entre ellos el fentanilo. También se propone exigir la declaración del origen de los fondos destinados a inversiones o ampliaciones en establecimientos vinculados a este tipo de sustancias.
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Otro de los puntos destacados plantea la implementación de auditorías obligatorias en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como la creación de un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios a cargar en tiempo real los registros de lote antes del inicio de la producción de derivados de fentanilo. La intención es asegurar un seguimiento continuo y prevenir desvíos en la cadena formal.
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El informe también recomienda establecer un mecanismo de trazabilidad inalterable para opioides, estupefacientes y medicamentos críticos regulados, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega a droguerías y efectores de salud. A la vez, se sugiere un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y fármacos controlados dentro de hospitales, que garantice el registro del ingreso, la dispensación en farmacia, la cadena de custodia y la administración al paciente.
En materia de fiscalización, la comisión propone actualizar y reforzar los mecanismos de control y sanción para efectores públicos y privados que omitan la obligación de notificación de incidentes sanitarios en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). También se insta a que la ANMAT modifique el Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización para establecer plazos y medidas ajustadas a la gravedad de los incumplimientos detectados.
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Otra de las recomendaciones apunta a mejorar los sistemas de alerta sanitaria y los procedimientos de retiro de productos farmacéuticos. En caso de que una empresa no cumpla con la obligación de realizar el recall de un medicamento, se plantea que sea la autoridad de aplicación quien lo ejecute y luego cobre los costos al laboratorio o droguería responsable.
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El informe también contempla la necesidad de homogenizar los mecanismos de control sobre la comercialización de medicamentos en todo el país, particularmente en el sistema público. Además, se solicita garantizar el cumplimiento de la Ley 27.372 sobre los derechos de las víctimas de delitos, fortaleciendo al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID).
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Tras la lectura de las propuestas, Fein llamó a que este informe marque “un antes y un después” en materia de control de medicamentos y acompañamiento a pacientes afectados por situaciones similares. Tolosa Paz valoró el aporte del juez federal Ernesto Kreplak, cuyas observaciones fueron incorporadas al texto final. Por su parte, Giudici remarcó que los mecanismos de control, distribución y asistencia “fallaron en todos los niveles”, y sostuvo que la implementación de estas recomendaciones es clave para evitar nuevas crisis sanitarias.
