En plena temporada alta de verano, una mujer fue acusada por la Justicia rionegrina de cometer robos a vehículos estacionados en la vía pública en Las Grutas, utilizando un inhibidor de señales para desactivar alarmas y cierres automáticos. A pesar de la gravedad del hecho y de la modalidad empleada, la imputada quedó en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la acusación se vincula a un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de enero de 2026, alrededor de las 00:55, en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle Sierra Colorada al 400, una zona residencial de la villa turística que en esta época recibe a miles de visitantes de todo el país y cuenta con un operativo de seguridad reforzado.
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Robos con inhibidor en la vía pública
De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer actuó junto a otras dos personas, un hombre y otra mujer que aún no pudieron ser identificados. El grupo habría utilizado medios electrónicos no convencionales, específicamente un inhibidor de señales, para anular el sistema de cierre centralizado y la alarma de dos vehículos estacionados en la vía pública.
Los rodados afectados fueron una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Toyota Etios. Tras lograr abrirlos sin forzar cerraduras, los acusados revisaron el interior de ambos vehículos. En el caso de la camioneta, sustrajeron un fajo de dinero en efectivo, que se encontraba atado con una liga. En el segundo vehículo no lograron llevarse elementos, por lo que el hecho fue calificado como tentativa.
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La imputación y las pruebas
La Fiscalía atribuyó a la mujer la coautoría de hurto, uno consumado y otro en grado de tentativa, ambos agravados por el uso de inhibidor de señales, en el marco de los artículos 163 inciso 3, 42, 45 y 54 del Código Penal.
Como sustento de la imputación, el fiscal mencionó el acta del procedimiento policial, las denuncias penales de las personas damnificadas, quienes remarcaron que habían cerrado correctamente los vehículos, además de la cédula de notificación de aprehensión, el emplazamiento judicial y la orden de detención emitida el mismo día del hecho.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento tanto a los domicilios como a las personas afectadas y la obligación de mantenerse a derecho en su domicilio, ubicado en otra ciudad. En ese marco, se explicó que la imputada es madre de dos menores de edad.
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El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y resolvió imponer las medidas cautelares solicitadas, por el mismo plazo fijado para el avance de la causa.