Mientras varias provincias atraviesan una situación crítica por incendios forestales activos o latentes, la Administración de Parques Nacionales quedó en el centro de un nuevo conflicto. El Gobierno nacional avanza con un plan de reducción de personal que podría derivar en unas 400 desvinculaciones, entre despidos directos y retiros voluntarios, sobre una planta total de aproximadamente dos mil trabajadores.
La iniciativa encendió las alarmas puertas adentro del organismo. No solo por el impacto laboral, sino por el contexto: las áreas protegidas son hoy algunas de las zonas más afectadas por el fuego y funcionan, además, como nodos estratégicos para la prevención y el combate de incendios. “En Parques Nacionales no sobra nadie”, sintetizan desde ATE, gremio que nuclea a buena parte del personal.
El conflicto se intensificó tras declaraciones del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó la intención oficial de reducir un 20% la dotación. Poco después, la propia administración solicitó una partida presupuestaria especial para financiar retiros voluntarios, lo que los trabajadores interpretan como un mecanismo de ajuste encubierto.
Desde el sindicato subrayan la contradicción: mientras se habilitan fondos millonarios para achicar la planta, se sostiene el argumento de que “no hay plata” para reforzar el combate contra los incendios o recomponer salarios. Según ATE, los brigadistas —pieza clave en la primera línea frente al fuego— perciben ingresos que oscilan entre los 600 y 900 mil pesos mensuales, muy por debajo del costo de la canasta básica, especialmente en regiones como la Patagonia.
La situación es particularmente crítica en parques como Los Alerces, donde un incendio lleva más de 50 días activo. Allí, la falta de personal es evidente. “Arrancamos esta gestión con 430 brigadistas y hoy somos alrededor de 390, cuando el número necesario ronda los 700”, advierten trabajadores del área. A la reducción por despidos se suma la salida de personal capacitado que abandona el organismo ante salarios bajos y contratos inestables.
La precariedad laboral atraviesa a buena parte del plantel: solo la mitad es de planta permanente, mientras el resto depende de contratos anuales, renovados con incertidumbre. En ese marco, las tareas no se limitan al combate del fuego. Logística, prevención, control ambiental y mantenimiento de los parques dependen de una estructura que, según denuncian, se encuentra al límite.
Frente a este escenario, los trabajadores vienen realizando asambleas permanentes en distintos parques del país, como Nahuel Huapi y Los Alerces, y evalúan profundizar las medidas. Este lunes se reúne un plenario nacional de ATE para definir nuevas acciones, que podrían incluir protestas y bloqueos en los accesos a las áreas protegidas si no hay una respuesta oficial.
El conflicto en Parques Nacionales se inscribe, además, en un clima de mayor tensión con el Estado nacional. En paralelo al anuncio de recortes, ATE convocó a un paro y a movilizaciones en rechazo a los despidos y en el marco del debate legislativo por la reforma laboral. Para los trabajadores, el mensaje es claro: el ajuste avanza incluso en sectores clave para la protección ambiental, en un momento donde el fuego expone, con crudeza, las consecuencias de la desinversión.
Con información de Página 12