El Gobierno nacional consiguió este jueves la media sanción para modificar la Ley de Glaciares, en una jornada legislativa de alto voltaje político. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, fue defendida por el oficialismo con el argumento de que permitirá dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas en provincias cordilleranas.
La votación concluyó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, reflejando un escenario de marcada polarización. Durante el debate se sucedieron cuestionamientos vinculados al impacto ambiental de la reforma y, al mismo tiempo, planteos sobre la necesidad de generar condiciones más flexibles para atraer capitales productivos.
Desde los palcos siguieron la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La Cámara alta también aprobó más temprano el acuerdo Unión Europea–Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
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En ese contexto, los tres senadores por Chubut estuvieron presentes en el recinto y participaron de la votación que definió el futuro inmediato de la norma ambiental.
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El senador Carlos Linares, representante de Unión por la Patria, votó en contra de las modificaciones. El dirigente ya había anticipado su postura crítica frente a cualquier intento de flexibilizar la legislación vigente y sostuvo que la protección de los recursos hídricos debe mantenerse como prioridad.
Por su parte, Andrea Cristina, integrante del espacio Despierta Chubut, también rechazó el proyecto impulsado por el oficialismo nacional. Su voto negativo marcó distancia en esta discusión puntual, pese a que en otras iniciativas promovidas por el Gobierno había acompañado propuestas clave.
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En la misma línea se expresó Edith Terenzi, quien igualmente votó en contra de la reforma. De este modo, la representación chubutense en el Senado mostró una postura unificada de rechazo frente a los cambios planteados en la Ley de Glaciares.
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La iniciativa aprobada introduce modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. El punto central del proyecto es redefinir el alcance de las áreas protegidas, especialmente en relación con las denominadas “formas periglaciares”.
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La propuesta establece que solo quedarán bajo prohibición absoluta de actividades económicas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable, vinculada a la reserva estratégica de recursos y la recarga de cuencas. Las áreas que no acrediten esa función podrían quedar habilitadas para desarrollos productivos.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el texto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo debate intenso. En ese escenario, el posicionamiento de los representantes de las provincias cordilleranas volverá a ser determinante en una discusión que combina intereses ambientales, económicos y políticos.