La violencia de género en Argentina no dio tregua en el inicio de 2026. Según los datos recolectados por el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», entre el 1 de enero y el 27 de febrero se contabilizaron 43 víctimas fatales. Este registro incluye 35 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, dos casos de instigación al suicidio y un travesticidio. La estadística arroja un promedio alarmante: una mujer o persona trans fue asesinada cada 34 horas en el país.
Además de los crímenes consumados, el monitoreo detectó 72 intentos de femicidio en el mismo periodo, lo que representa un ataque de gravedad extrema cada 21 horas. Estos episodios, que no llegaron a la muerte por causas ajenas a la voluntad del agresor, marcan un nivel de violencia machista que las organizaciones califican como un «recrudecimiento» del fenómeno. Como consecuencia directa de estos crímenes, al menos 23 niños y niñas perdieron a sus madres y quedaron en situación de desprotección familiar.
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El hogar como el lugar de mayor riesgo
El análisis detallado de los escenarios donde se cometieron los asesinatos derriba el mito de la peligrosidad en el espacio público. El 44% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que el 23% tuvo lugar en el domicilio que la mujer compartía con el agresor. En total, el 67% de los crímenes se produjo dentro del ámbito privado, lo que ratifica que el hogar continúa como el sitio de mayor vulnerabilidad para las mujeres en situación de violencia.
El monitoreo detectó 72 intentos de femicidio en el mismo periodo.
Perfil
En cuanto al vínculo con los atacantes, los números mantienen una tendencia histórica: el 72% de los agresores fueron parejas o ex parejas de las víctimas. Este dato refuerza la matriz de violencia doméstica y de control que precede a los asesinatos. Solo en el mes de febrero se registraron 17 de las 43 víctimas totales, lo que encendió las alarmas de los colectivos feministas ante la velocidad con la que se sucedieron los hechos en la última etapa del bimestre.
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Denuncias previas y la inacción policial
Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es la recurrente falla en los dispositivos de seguridad y justicia. El 19% de las mujeres asesinadas ya había radicado denuncias previas contra sus agresores. Esta cifra pone bajo la lupa la eficacia de las medidas de restricción perimetral y el seguimiento de las causas judiciales una vez que la víctima decide romper el silencio.
Un caso paradigmático que ilustra esta problemática es el de Vanesa López, una mujer de 39 años asesinada en la ciudad de Gualeguay. Según el relevamiento, cuando López intentó radicar una denuncia contra su agresor días antes del crimen, el personal policial le indicó que regresara en otra oportunidad para completar el trámite. Poco después, resultó atacada y asesinada. El acusado, Ernesto Fabián Camaño, quedó detenido recién tras la consumación del femicidio, lo que demuestra una negligencia institucional previa en la recepción de la demanda de auxilio.
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Emergencia en Santiago del Estero
La provincia de Santiago del Estero se convirtió en uno de los focos de mayor preocupación durante el último mes, tras registrarse tres femicidios en un lapso de apenas 12 días. La seguidilla de crímenes comenzó con el hallazgo del cuerpo de Ramona Medina, de 65 años. La mujer salió a participar de los corsos locales y nunca regresó. El principal sospechoso, Luis Bustamante, contaba con antecedentes de violencia, pero permanecía en libertad al momento del ataque.
Pocos días después, en la localidad de Las Tinajas, fue asesinada Thania Santillán, una joven de 22 años. El presunto femicida es su pareja, Diego Salto, quien quedó a disposición de la justicia. Este caso generó una fuerte indignación social no solo por el crimen, sino por el tratamiento mediático posterior. Un medio de comunicación local publicó imágenes del cuerpo de la víctima en su portada, lo que motivó reclamos por la «espectacularización» de la violencia y la falta de respeto hacia la dignidad de la joven fallecida.
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El tercer hecho en la provincia ocurrió en el paraje El Aibe, en el departamento de La Banda. Allí, María Fernanda Chazarreta, de 30 años, murió tras recibir 13 puñaladas. El ataque lo perpetró su ex pareja, Ramón Jiménez, en presencia de los dos hijos que tenían en común. Al igual que en otros casos del reporte, Chazarreta ya había denunciado previamente al agresor, pero no contaba con la protección suficiente para evitar el desenlace fatal.
Desigualdades territoriales y falta de recursos
El relevamiento del Observatorio señala que la ubicación geográfica juega un rol determinante en la vulnerabilidad de las mujeres. Muchos de los casos ocurrieron en provincias o localidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde el acceso a la justicia es significativamente más difícil. En estos territorios, los recursos institucionales son escasos y las víctimas enfrentan mayores obstáculos para encontrar refugios o dispositivos de asistencia integral.
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Desde la organización advirtieron que «el acceso a la justicia y a los dispositivos de protección es más limitado en esos territorios», lo que genera zonas de mayor riesgo donde el control social y la cercanía con el agresor dificultan el pedido de ayuda. Asimismo, el informe subrayó la necesidad de implementar de manera efectiva la Ley Micaela en todos los estratos del Estado, pero especialmente en los medios de comunicación, para evitar la revictimización y la cosificación de las mujeres en las coberturas periodísticas.
El factor económico en la violencia
Finalmente, el documento vincula la violencia física extrema con las condiciones estructurales de desigualdad económica. El Observatorio sostiene que la falta de autonomía financiera es, en muchos casos, la barrera principal que impide a las mujeres abandonar hogares violentos. En este sentido, recordaron que las tareas de cuidado —realizadas mayoritariamente por mujeres de forma no remunerada— representan aproximadamente el 16% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
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La precariedad laboral y la brecha salarial profundizan la dependencia respecto de los agresores. Por ello, las organizaciones insisten en que las políticas públicas no deben limitarse únicamente a la sanción penal del femicida, sino que deben incluir programas de fortalecimiento económico que permitan a las víctimas proyectar una vida independiente y segura fuera del círculo de la violencia.
El femicidio de Valeria Schwab y un Comodoro conmocionado en 2026
Valeria Schwab tenía aproximadamente 38 años, una vida social activa y una rutina marcada por el movimiento, el deporte y el contacto con la naturaleza. La madrugada de este miércoles fue hallada sin vida en el cerro Chenque y en inmediaciones de los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, en un hecho que conmociona a la ciudad y mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos.
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El hallazgo se produjo alrededor de las 4 de la mañana, luego de que familiares y amigos -que la buscaban desde la noche anterior- dieran aviso a la Policía. Sobre Valeria pesaba una averiguación de paradero, ya que había desaparecido cerca de las 22 horas del martes, cuando salió a caminar y no regresó a su hogar.
Según relató Jessica, su hermana, Valeria había salido como tantas otras veces a recorrer la costanera. Lo que debía ser una caminata tranquila, una más entre tantas noches frente al mar, terminó de manera trágica el 13 de enero de 2026. Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, Comodoro Rivadavia despide a Valeria Schwab con dolor, preguntas y un profundo pedido de justicia y esclarecimiento.
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