El debate por el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Chubut sumó en las últimas horas una nueva voz clave. Se trata de Javier Francisco, secretario penal de la Defensoría General, quien analizó el proyecto impulsado por el Gobierno provincial que busca restringir estos dispositivos ante la creciente cantidad de estafas telefónicas que, según se ha denunciado, se cometen desde lugares de detención.
En diálogo con ADNSUR, el funcionario planteó la necesidad de abordar la discusión en un marco más amplio, vinculado al contexto de encierro y a los derechos de las personas privadas de la libertad. “Lo primero que hay que hacer es contextualizar el uso del celular dentro del encierro. No es una situación nueva y se profundizó especialmente a partir de la pandemia”, explicó.
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Francisco remarcó que la comunicación es un derecho reconocido por la legislación vigente. “La ley de ejecución penitenciaria establece la comunicación como un requisito esencial en el tratamiento penitenciario”, sostuvo. Sin embargo, también aclaró que la misma normativa prohíbe el uso de dispositivos móviles en contextos de encierro, lo que genera una tensión que hoy vuelve al centro del debate.
En ese sentido, desde la Defensoría sostienen que el eje de la discusión no debería centrarse únicamente en la prohibición o habilitación de celulares, sino en garantizar efectivamente el derecho a la comunicación. “Nosotros entendemos que la persona privada de la libertad tiene que poder comunicarse y que esa comunicación debe estar asegurada”, afirmó.
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El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial busca limitar el uso de celulares, argumentando que estos dispositivos han sido utilizados en numerosos casos para cometer delitos, principalmente estafas telefónicas. Sin embargo, Francisco advirtió sobre el riesgo de generalizar esta situación. “Sabemos que hay casos, por supuesto, pero no son todos” señaló.
Además, el funcionario indicó que no existen datos precisos que permitan dimensionar con exactitud cuántos de estos delitos se originan efectivamente en cárceles de la provincia. “No contamos con estadísticas concretas. Algunos hechos pueden haber ocurrido en Chubut, pero muchos otros pueden provenir de otras jurisdicciones. La tecnología amplió las fronteras y eso también complejiza el análisis”, explicó.
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En relación al planteo oficial, que propone reemplazar el uso libre de celulares por un sistema de comunicaciones controladas, Francisco consideró que no existiría una incompatibilidad legal, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. “Si lo que se busca es regular y evitar la clandestinidad, no hay objeción, siempre que la comunicación esté garantizada de manera efectiva y no solo en lo formal”, afirmó.
El secretario penal hizo especial hincapié en las particularidades geográficas de la provincia, un factor clave al momento de pensar la aplicación de cualquier normativa. “No es lo mismo una persona detenida en una comisaría del interior, muy alejada, que alguien en un centro urbano. La ley debe ser general, pero tiene que contemplar estas diferencias y asegurar la conectividad en todos los casos”, subrayó.
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Asimismo, reconoció que uno de los grandes desafíos no pasa únicamente por lo que establece la norma, sino por su aplicación en la práctica. “Cada situación es particular y muchas veces hay diferencias entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad. Por eso es fundamental que cualquier regulación sea razonable y proporcional”, indicó.
En este contexto, Francisco adelantó que la Defensoría General aún no fijó una postura definitiva sobre el proyecto, ya que esperan conocer el texto final que será debatido en la Legislatura. “Seguramente vamos a ser convocados, como ha ocurrido en otros debates importantes, y ahí podremos dar una opinión más fundada en términos técnicos”, señaló.
Por último, insistió en que el punto central debe ser el respeto de los derechos básicos de las personas privadas de libertad. “Si la comunicación está garantizada, no debería haber objeciones. El problema es cuando esa garantía queda solo en el papel”, concluyó.
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El proyecto continúa generando debate en distintos sectores y se espera que en las próximas semanas avance en el ámbito legislativo, donde se definirá si finalmente se imponen mayores restricciones al uso de celulares en las cárceles de Chubut.