Las universidades nacionales han anunciado un nuevo paro de 48 horas, que tendrá lugar el lunes 21 y martes 22 de octubre. Esta medida de fuerza está dirigida a repudiar el veto del Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ha generado una gran controversia y malestar en la comunidad universitaria.
El anuncio del paro fue realizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FATUN), quienes han expresado su descontento con la falta de negociaciones con el Gobierno y la falta de aumento de fondos en el Presupuesto 2025.
La medida de fuerza también busca reclamar mejoras paritarias para los docentes y no docentes universitarios. Este nuevo paro se suma a una serie de protestas y medidas de fuerza que han ocurrido a lo largo del año, incluyendo un paro de 24 horas realizado el jueves 17 de octubre, que alcanzó un 95% de acatamiento en las universidades nacionales de todo el país.
Durante ese paro, se llevó a cabo una marcha de velas desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, en un gesto simbólico de apoyo a la causa universitaria. La comunidad universitaria ha estado movilizada desde hace meses en defensa de la universidad pública y en reclamo de mejores condiciones laborales y de financiamiento.
Las protestas han contado con el apoyo de estudiantes, docentes e investigadores, quienes han organizado marchas masivas y otras acciones para visibilizar sus demandas. El veto del Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario ha sido uno de los puntos más conflictivos en este contexto.
La ley, que había sido aprobada por el Congreso, buscaba garantizar un financiamiento adecuado y estable para las universidades públicas, pero fue vetada por el Presidente, quien argumentó que el proyecto no era viable económicamente.
Reacciones
Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un intento de debilitar el sistema universitario y ha generado una fuerte reacción en la comunidad académica. La situación actual refleja una creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria, con ambos bandos manteniendo posiciones firmes.
Mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de ajustes presupuestarios y reformas para mejorar la eficiencia del sistema universitario, los gremios y estudiantes argumentan que estas medidas son insuficientes y que se requiere un compromiso real para garantizar la calidad y el acceso a la educación superior.
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