El gobierno argentino aguarda la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos sobre el pedido de suspensión (“stay”) de la orden judicial que lo obliga a entregar acciones de YPF a Burford Capital. La resolución, que podría conocerse en los próximos días, definiría si se frena temporalmente el cumplimiento de la medida mientras se analiza la apelación principal, prevista para octubre.
La orden de entrega de acciones fue dictada por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la sentencia contra Argentina por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sin cumplir con el estatuto societario. Burford, que adquirió los derechos de litigio de los demandantes originales, valuó al 30 de junio de 2025 sus activos vinculados al caso en US$ 1.600 millones, equivalente al 43% de su portafolio principal.
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Según estimaciones de Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la Corte podría optar entre tres escenarios: aceptar la suspensión solicitada por Argentina, rechazarla o concederla a cambio de que el país deposite un activo alternativo como garantía. En caso de un fallo adverso, el gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El CEO de Burford, Christopher Bogart, advirtió que no hay certeza sobre los plazos de la decisión, señalando que el receso estival en el hemisferio norte podría demorarla. “Está calendarizado para la próxima semana ante un panel de mociones, pero quién sabe cuándo emitirá una decisión”, afirmó durante la presentación de resultados trimestrales.
El 27 de octubre está prevista la audiencia oral de la apelación de fondo, donde se discutirá la validez de la sentencia que condenó a Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones. Desde la Procuración del Tesoro, que coordina la defensa junto al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, evitaron anticipar pronósticos, pero aseguraron que se evalúan todos los escenarios.
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En paralelo, fuentes cercanas a Burford señalaron que no se han registrado reuniones con funcionarios argentinos desde un encuentro en 2024 con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según esas versiones, la empresa presume que el gobierno evita un contacto directo por temor a eventuales denuncias penales, como las que enfrentaron funcionarios entre 2015 y 2023.
Las acciones de YPF registraron una baja de aproximadamente 5% desde el 7 de agosto, mientras que los papeles de Burford se mantuvieron estables. Analistas prevén que la decisión cautelar del Segundo Circuito podría generar movimientos significativos en ambos activos y marcar el curso de uno de los litigios internacionales más relevantes para Argentina.