La Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública busca llevar a juicio oral y público a Fabián Pérez y Juan Carlos Vinay, acusados de autorizar de forma irregular el retiro de materiales que pertenecían a Vialidad Provincial, valuados en una cifra millonaria.
La imputación es “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El fiscal Lucas Papini señaló que el caso compromete “el correcto funcionamiento de la administración pública, la transparencia y el principio de igualdad”, además de implicar un perjuicio patrimonial al Estado.
Este martes se realizó la audiencia preliminar, donde la Fiscalía presentó la descripción del hecho, la calificación legal y las pruebas que sostendrán la acusación. Entre ellas figuran memorándums, notas internas y testimonios de empleados de Vialidad y beneficiarios del material extraído, que demostrarían que los imputados autorizaron la extracción sin los procedimientos administrativos exigidos.
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La audiencia llevada adelante por la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
La defensa pidió el sobreseimiento y, en caso de que sea rechazado, propuso nueva prueba, cuestionada por la fiscalía por considerarla impertinente. El juez resolverá el jueves y, si no hace lugar al sobreseimiento, la Fiscalía tendrá diez días para analizar la nueva evidencia.
Según la acusación, entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2024, Pérez —entonces Ingeniero Jefe— y Vinay —Jefe de la Sección Zona Noroeste— autorizaron de manera discrecional que la empresa privada Transportes Muñoz extrajera unos 3.600 metros cúbicos de piedra y arena de la cantera Arroyo Fontana, propiedad de Vialidad Provincial, sin autorización del presidente del organismo, Hernán Tortola.
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Según informó el Ministerio Público Fiscal, el material fue destinado al relleno de un callejón en Trevelin, beneficiando a tres propietarios particulares.
La maniobra habría incluido órdenes a empleados para evitar controles sobre la cantidad y destino del material, permitir el ingreso de vehículos privados y almacenar maquinaria ajena a Vialidad sin trámite alguno. Incluso, Pérez habría intentado apartar de sus funciones a un trabajador que cumplía tareas de control en la cantera.
El recurso extraído, aunque considerado de descarte, tenía un valor estimado en $ 4.320.000 al momento del hecho, según pericias incorporadas a la causa.