Uganda ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a nacionales de terceros países que no logren obtener asilo en territorio estadounidense, pero que tampoco deseen regresar a sus países de origen.
Así lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda este jueves, aclarando que el acuerdo aún está en proceso de definición y que solo se aceptarán personas sin antecedentes penales y que no sean menores no acompañados.
Este acuerdo forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidenteDonald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero ha intensificado los esfuerzos para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
La política incluye el aumento de deportaciones de ilegales hacia terceros países, especialmente aquellos dispuestos a recibir personas rechazadas o con antecedentes penales. Países como Sudán del Sur, Suazilandia, y ahora Uganda, han sido parte de estos acuerdos.
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Uganda ya alberga aproximadamente a 1,7 millones de refugiados, la mayor población refugiada de África, según datos de las Naciones Unidas. El país es reconocido por mantener una política de puertas abiertas y progresista en materia de asilo, permitiendo que los refugiados accedan a servicios públicos como salud y educación, e incluso les otorga derechos para trabajar y establecerse.
El secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uganda, Vincent Bagiire Waiswa, subrayó que este es un acuerdo temporal con condiciones claras: se excluyen personas con antecedentes criminales y menores no acompañados.
Además, enfatizó que Uganda prefiere recibir personas provenientes de países africanos, y no de otras regiones del mundo. Aunque no está confirmado si el acuerdo ha sido firmado oficialmente, el comunicado ministerial indica que ya ha sido »concluido».
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La decisión ha generado interrogantes dentro del propio gobierno ugandés. Un día antes del anuncio oficial, un alto funcionario negó rotundamente los informes sobre el acuerdo para acoger deportados desde Estados Unidos, argumentando que Uganda no dispone de las instalaciones necesarias para alojar a estas personas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Henry Okello Oryem, declaró que si bien Uganda tiene una política humanitaria hacia los refugiados, »existen límites». Criticó duramente la posibilidad de aceptar a individuos vinculados a carteles criminales, cuestionando cómo se podrían integrar en las comunidades locales.
Oryem también señaló que Uganda también está negociando con Estados Unidos temas como visados, tarifas y sanciones.
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Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que el país enfrenta una presión significativa debido al aumento de llegadas en 2024, provocadas por el conflicto armado en Sudán, así como por la violencia persistente en Sudán del Sur y el este de la República Democrática del Congo.
La administración Trump, por su parte, ha intensificado las deportaciones de personas con antecedentes penales. En julio, Estados Unidos deportó a cinco individuos a Suazilandia y a ocho más a Sudán del Sur.
Además, cientos de miembros de bandas venezolanas fueron enviados a El Salvador, donde fueron retenidos en condiciones carcelarias merecidas antes de ser devueltos a Venezuela.
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