El subte porteño, uno de los transportes más concurridos de la Ciudad, es escenario de “preocupación y estrés”. Trabajadoras y pasajeras de la Línea A aseguran que un hombre de 34 años en situación de calle, que deambula entre las estaciones Puan, Castro Barros, Loria, y Flores las hostiga y amenaza con herramientas e incluso cuchillos. Pese a que las denuncias se acumulan, el temor persiste y las escenas se repiten: “Agrede verbalmente, muestra objetos insinuando querer lastimar, realiza conductas físicas como escupir o tirar del pelo, además de gestos y comentarios de índole sexual”, detalló a LA NACION una de las boleteras de la estación Castro Barros agredida.
En una recorrida de LA NACION por diferentes boleterías las historias se repiten, acumulan y también incluye a pasajeras. Según recordaron, los primeros episodios se registraron hace un mes y medio, y el último fue ayer lunes, cuando el hombre le pedía plata a una mujer y sacó un martillo para intimidar a un hombre que quiso defenderla. “Es una persona insana y no tiene familia. Se mete adentro de los vagones, anda por las estaciones e insulta a las mujeres, tanto pasajeras como boleteras. Nos comunicamos con seguridad de Emova y nos dijeron que no podían hacer nada. La Policía de la Ciudad, ha intentado llevarlo a un hospital, pero se les escapa. Hasta ahora acosó a distintas pasajeras y a tres boleteras en Puan, Loria, y Castro Barros. En Puan no aparece hace 15 días, pero hace poco lo corrieron de la estación Loria, después lo sacaron en el Congreso, pero siempre vuelve. Anda con herramientas para amenazar”, indicó G., boletero de la estación Puan a LA NACION.
La situación escaló con el testimonio de C.C., boletera principal de la estación Puan, quien se animó a denunciar formalmente este escenario. “Ya somos tres trabajadoras que pasamos por lo mismo y que hicimos la denuncia. Tenemos botón antipánico, pero el tipo sigue como si nada. Ayer una pasajera embarazada bajó en shock porque la escupió en la cara. El otro día intentó agredir a una amiga mía que trabaja en el PAMI. La policía no está haciendo nada”, se quejó la mujer en diálogo con este medio.
Su declaración quedó incorporada al expediente abierto el 18 de julio de 2025, en la Comisaría Vecinal 6B, con intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo de Luis Arnaudo. Allí, la trabajadora detalló lo que ocurrió el 10 de julio a las 15 cuando una pasajera la alertó de que un hombre robusto la insultaba en el pasillo. Al salir a pedir ayuda a seguridad, el agresor se le plantó y frente a todos le gritó: “Te voy a romper la concha, qué linda concha que tenés”.
El hostigamiento fue más allá. Según consta en la denuncia a la que pudo acceder este medio, cuando vio que la boletera llamaba a personal de seguridad, el hombre redobló las amenazas. “Vos, Metrovías, la concha de tu madre, metete adentro, puta de mierda”, insultó, al tiempo que le mostró un martillo escondido debajo de la campera que llevaba puesta. Para intimidarla aún más, le advirtió: “Mirá que a vos te tengo junada y sé qué días y horarios trabajás”. La boletera confesó que temió por su vida y por la de los pasajeros presentes.
Los relatos de los testigos consultados por este medio coinciden en que el agresor suele dormir en las formaciones o en los pasillos, y que utiliza herramientas, fierros y cuchillos para amedrentar. En algunos casos llegó a perseguir pasajeras y escupirlas, como ocurrió hace poco con una mujer embarazada que bajó aterrada en la estación Puan. “Este hombre hace un par de años no era así. Hablaba solo y se reía. Pero ahora es violento, mutó su personalidad. Bardea, insulta y se rasca sus partes íntimas. No busco que lo muelan a palos y que la pase mal. Él necesita atención psiquiátrica, no tiene familiares. La policía debería llevarlo. Y nosotras necesitamos que la policía esté presente y que no pasen por alto esta situación”, advirtió otra de las boleteras en diálogo con LA NACION.
Desde Emova, la concesionaria del subte, reconocieron los hechos y aseguraron a LA NACION que acompañan a las trabajadoras. “Se aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso. Además, se solicitó la intervención de la Policía de la Ciudad, quienes tienen la potestad de velar por la seguridad en las instalaciones del subte”, explicaron desde el área de prensa de la empresa.
Por su parte, la Policía de la Ciudad confirmó a LA NACION que el 24 de julio, personal de la División Líneas A y B identificó a este hombre en la estación Miserere. Allí, una mujer de 34 años se acercó para denunciar que el mismo sujeto la había amenazado días antes, incidente que ya había sido radicado en la Comisaría Vecinal 6B. Tras corroborar la denuncia, se le otorgó el botón anti pánico y el hombre fue detenido por “hostigamiento”, por orden de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Francisco Gradela.
Sin embargo, poco después fue liberado y el caso quedó enmarcado como una simple contravención. Pero, en el día de ayer, ante las reiteradas quejas, desplegaron un operativo para dar con su paradero.
Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el hombre no tiene problemas de salud mental. Pero para las boleteras sí, y la acción de las autoridades no es suficiente. “Entiendo que esta persona atraviesa una situación de gran vulnerabilidad, pero también es fundamental que se garantice la seguridad de todas las personas que transitamos este entorno. Cuando fuimos a hacer la denuncia, nos comentaron que ya había estado varias veces preso por robar comida”, coincidieron las empleadas consultadas.
El caso revive un debate sensible: ¿cómo debe proceder la Justicia cuando el acusado tiene problemas de salud mental o consumo problemático? Expertos explicaron a LA NACION que, si una persona con problemas de salud mental comete un delito, los jueces deben evaluar el nivel de discernimiento existente para comprender la ilicitud de sus actos. Si se determina que no tenía esa aptitud, puede ser declarada inimputable y en lugar de una pena se disponen medidas de seguridad, tales como internaciones o tratamientos. Esa condición, sin embargo, no lo exime de la responsabilidad civil, que puede recaer en sus tutores o responsables legales.
Esta discusión no es ajena a otro crimen que conmocionó a la Ciudad: el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo, ocurrido el 30 de agosto de 2023. Barbieri, de 42 años y padre de un bebé de apenas meses, fue atacado a cuchillazos cuando se resistió a que le robaran el celular en la Plaza Sicilia. Logró cruzar malherido hasta una heladería sobre avenida Del Libertador, donde pidió ayuda antes de desplomarse: “No me quiero morir”, alcanzó a decir. Sin embargo, falleció poco después en el hospital Fernández.
Por ese crimen está siendo juzgado Isaías José Suárez, de 31 años, un hombre con antecedentes de consumo problemático y episodios violentos. El fiscal Nicolás Amelotti, en este contexto, solicitó la prisión perpetua, al considerarlo autor de un homicidio agravado “criminis causa”, es decir, perpetrado para consumar otro delito y procurar su impunidad. Para el Ministerio Público Fiscal quedó probado que Suárez sabía el riesgo que generaba al clavarle el cuchillo en el tórax a la víctima.
El caso Barbieri dejó al descubierto las dificultades del sistema judicial y policial para intervenir frente a agresores atravesados por situaciones de vulnerabilidad social y de salud mental. Tras la captura de Isaías Suárez en la Villa 31, el Gobierno porteño informó a LA NACION que reforzó los operativos en Palermo y avanzó con la implementación de medidas específicas para evitar “ranchadas”. “La Ciudad presentó la Unidad de Intervenciones Rápidas, policías de negro, con armas largas y en moto, para que el patrullaje sea ágil, dinámico y permanente. Son 200 efectivos delineados en seis polígonos en puntos estratégicos, recorridos permanentemente por cinco efectivos con pistola Taser”, explicaron fuentes oficiales.
Además del refuerzo policial, se incorporaron unidades psiquiátricas del SAME, destinadas a atender en forma inmediata emergencias vinculadas con brotes psicóticos o consumos problemáticos que deriven en episodios violentos. “Estas ambulancias no están preparadas para cualquier emergencia, sino para casos de salud mental o adicciones donde el paciente se pone violento. Es una unidad de traslado acolchada, sin elementos corto punzantes, con los cuales se puede agredir a sí mismo u otros. Seis de cada diez personas en situación de calle enfrentan problemas de salud mental y ese es un abordaje que tiene que suceder”, detallaron a este medio, anticipando que en breve se presentará un protocolo específico para este tipo de intervenciones.