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martes, septiembre 16, 2025

Entró en vigencia el acuerdo para eliminar los subsidios a los barcos que pescan ilegalmente

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Este 15 de septiembre entró en vigor un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que busca ponerle un freno a una de las mayores amenazas para la vida marina: los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y a las prácticas de sobrepesca que arrasan con los ecosistemas.

Durante décadas, cientos de barcos subsidiados por sus países de bandera operaron en aguas del Atlántico Sudoccidental, frente a la Patagonia, sin control ni reglas claras. Su actividad no solo provocó un daño profundo en la biodiversidad marina, sino que también puso en jaque la seguridad alimentaria y el empleo de comunidades costeras que dependen de la pesca.

Se necesitaron dos décadas de negociaciones para alcanzar este consenso internacional que marca un antes y un después. Argentina jugó un rol clave en ese proceso y, de hecho, ratificó el acuerdo hace apenas dos meses, el 22 de julio.

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“La República Argentina da un paso significativo con este depósito. Este compromiso firme con un comercio más libre y justo no solo fortalece nuestra economía, sino que también protege los recursos marinos del Atlántico Sur, preservándolos para las generaciones futuras”, remarcó en ese momento Gustavo Lunazzi, embajador argentino ante la OMC.

“Este acuerdo es fundamental para luchar contra la pesca ilegal y toda la flota de pesca no regulada que depreda el Atlántico Sur, y a su vez sirve para proteger el ecosistema marino, las comunidades costeras y la pesca sostenible”, explicó Milko Schvartzman, especialista del Círculo de Políticas Ambientales.

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El pacto ya tiene validez global gracias a que se alcanzó el umbral necesario de adhesiones: 85 países más la Unión Europea, es decir, dos tercios de los miembros de la OMC. Y lo que viene promete aún más: nuevas regulaciones que continúen cerrando el cerco sobre la pesca destructiva.

El impacto no es abstracto. Cada pez capturado ilegalmente representa menos alimento en las mesas de los países costeros y menos trabajo en sus puertos. Cada red que arrasa sin control significa menos posibilidades de recuperación para especies clave del Atlántico Sur.

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