Gustavo Menna destacó que la provincia fue pionera en presentarse ante la justicia neoyorquina para defender sus acciones en la petrolera, tras una ley impulsada por el gobernador Torres.
El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, analizó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó una sentencia en contra de la Argentina por la expropiación de YPF. Menna afirmó que la decisión «reivindica la posición que tomó el Gobierno del Chubut», a través del gobernador Mariano Arcioni y el actual mandatario Ignacio «Nacho» Torres.
El año pasado, por iniciativa del gobernador Torres, la Legislatura provincial aprobó la Ley XVII N° 163, que ratificó un acuerdo entre la Nación y las provincias petroleras que, según Menna, «inexplicablemente había quedado cajoneado desde 2012». Este acuerdo reconocía a Chubut como accionista de YPF.
«Por esa condición de accionista de YPF, [Chubut] era una perjudicada directa, porque la jueza Loretta Preska también había ordenado la inmovilización y el embargo de los activos. Eso iba a afectar a Chubut», explicó el vicegobernador. La ley provincial encomendó al Poder Ejecutivo realizar presentaciones coadyuvantes ante la Justicia de Nueva York, lo que se concretó, posicionando a Chubut como «una adelantada de todas las provincias petroleras».
Menna señaló que los argumentos presentados por la provincia sirvieron de respaldo al Estado argentino y buscaron poner a salvo la porción del capital correspondiente a Chubut. La condena inicial, que ascendía a unos 16 mil millones de dólares, según Menna, «hubiese sido un verdadero desastre para el país».
El vicegobernador reconoció el trabajo jurídico sostenido del Estado argentino en la defensa, que incluyó una estrategia diseñada en 2017 y continuada por sucesivos gobiernos. Los jueces de la Cámara de Apelaciones revocaron la sentencia de primera instancia, considerando que los reclamos contra Argentina no eran admisibles conforme al derecho argentino.
Menna precisó que la sentencia ahora revocada «ponía en riesgo el patrimonio de las provincias con acciones en la compañía», recordando que, de acuerdo con la ley de expropiación, a las provincias petroleras les correspondía el 49% del paquete accionario expropiado. «Podemos decir que somos parte de la gestación de esta decisión trascendente», concluyó el vicegobernador.