El incremento, que comenzará a aplicarse desde el 1 de abril, forma parte del proceso de reordenamiento del esquema energético y la segmentación de subsidios. El impacto en las facturas variará según la categoría del usuario y la región del país.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste en las tarifas de gas que comenzará a impactar en las facturas desde el 1 de abril en todo el país. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
El incremento se enmarca en la política de segmentación de subsidios vigente, con el objetivo declarado de reducir el gasto estatal en energía y trasladar progresivamente el costo real del servicio a los usuarios. Por ello, el impacto no será uniforme y dependerá de la categoría de cada hogar o empresa.
Uno de los cambios principales es la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU) como referencia central para el cálculo del servicio en las boletas. Se mantendrá el esquema de subsidios, pero con modificaciones. Las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se aplicarán únicamente sobre el costo del gas definido por el Plan Gas.Ar, según el decreto 943/25. Esto implica que los descuentos estarán más acotados y dirigidos exclusivamente a los usuarios que continúen dentro del sistema de asistencia estatal.
En contrapartida, los usuarios sin subsidios comenzarán a pagar el valor pleno del servicio, lo que generará facturas más elevadas. El nuevo esquema también busca mayor transparencia, diferenciando claramente en la tarifa el costo del gas, el transporte, la distribución y los impuestos.
Para el resto del país, incluida la provincia de Chubut, si bien se mantienen los mismos lineamientos regulatorios, no se fijaron montos únicos. El valor final dependerá de cada distribuidora y de factores regionales, como el clima, el nivel de consumo y los costos logísticos. En provincias patagónicas, donde el consumo suele ser más elevado debido a las bajas temperaturas, el impacto podría ser más significativo, aunque existen regímenes diferenciales que amortiguan parcialmente los aumentos.
El nuevo cuadro tarifario consolida una etapa de transición hacia un sistema con menor intervención estatal. Mientras el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para ordenar las cuentas públicas, en los hogares y sectores productivos crece la preocupación por el impacto en la economía cotidiana.