Juan Horacio País, presidente del bloque Arriba Chubut, consideró que la sentencia de Nueva York que revocó la millonaria condena por la expropiación de YPF se ajusta a derecho y valida el marco legal argentino.
La reciente decisión de la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, continúa siendo analizada desde diversos ángulos. El diputado provincial y presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio País, evaluó el alcance del fallo en diálogo con Actualidad 2.0.
País sostuvo que el pronunciamiento «se ajusta a derecho» y corrige lo que calificó como «una tremenda injusticia», al cuestionar que en primera instancia se aplicara legislación extranjera sobre una empresa constituida en Argentina. «El fallo viene a poner fin a una situación en la que se pretendía someter a un Estado soberano a reglas contractuales sin considerar la Constitución ni la ley argentina. YPF es una sociedad anónima argentina, y por lo tanto debía aplicarse la legislación local, que contempla la expropiación por causa de utilidad pública», explicó.
En ese sentido, remarcó que la Cámara entendió que correspondía aplicar el derecho argentino, lo que termina validando el marco legal bajo el cual se realizó la expropiación en 2012. El legislador también se refirió al origen de la demanda impulsada por el fondo Burford Capital, al que describió como un actor especulativo dentro del sistema financiero internacional.
Consultado sobre si la resolución puede interpretarse como parte del alineamiento del gobierno nacional con Estados Unidos, País planteó una mirada intermedia. «Es un fallo técnico, pero no hay que ser ingenuos. El contexto político y geopolítico influye. Hubo presentaciones de amicus curiae, incluso del propio Estados Unidos e Israel, y eso muestra que el caso tenía implicancias que excedían lo estrictamente jurídico», sostuvo.
No obstante, destacó que la defensa argentina mantuvo una línea consistente a lo largo de distintos gobiernos, lo que consideró «una verdadera política de Estado». Respecto a una eventual apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, País estimó que el fondo Burford tendría escasas probabilidades de avanzar en ese camino.
Finalmente, el diputado advirtió que el caso también despertó preocupación en otros países, ante la posibilidad de que este tipo de litigios sienten precedentes en materia de soberanía y expropiaciones. «En un contexto internacional inestable, donde los Estados pueden necesitar intervenir en sectores estratégicos, este tipo de decisiones también son observadas con atención por otras potencias», concluyó.